Victoria Donda denunció a Patricia Bullrich
La diputada nacional y presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda, denunció hoy a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dichos delitos están previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, por no cumplir con lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas aprobada por la ley 26.298. Y consecuentemente, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la ley 24.556 de jerarquía constitucional a partir de la ley 24.820, cuyos principales objetivos resultan prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas evitando su impunidad. Así también, afirmar el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, reconociéndose la existencia de esta práctica aberrante y la necesidad de erradicarla por resultar una de las más repudiables formas de violación de los Derechos Humanos.
Todo ello, al no haber apartado de sus funciones a los miembros de la Gendarmería Nacional que participaron del operativo llevado acabo en el territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, en la Provincia de Chubut el 1ro de agosto. Miembros de Gendarmería, fuertemente sospechados de ser autores de la desaparición –presuntamente forzada- de Santiago Andrés Maldonado, como así también al Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien coordinó el procedimiento en el lugar.
Asimismo, la ministra Patricia Bullrich ha negado en todo momento la posibilidad siquiera de que se trate de una desaparición forzada de persona, lo que, sumado a la omisión de apartar de su cargo a los funcionarios que pueden estar implicados, obstaculiza la investigación, afectando el éxito de la misma, que no es otro que la aparición con vida de Santiago Maldonado. La denuncia no descarta la posible comisión de otros delitos de mayor gravedad relacionados con la desaparición del joven, por acción u omisión, como máxima autoridad responsable de la seguridad.
Cabe destacar que la mera sospecha de estar ante un caso de desaparición forzada de persona amerita la inmediata y específica intervención de las agencias del Estado que poseen a su cargo la seguridad de los ciudadanos, a fin de desactivar los complejos mecanismos de poder que posibilitan la comisión de este delito, de extrema gravedad, que además de la libertad, la vida y la integridad física, afecta directamente la dignidad de la persona humana, constituye una práctica atroz y contraria a los principios básicos de la Democracia y del Estado de Derecho y en consecuencia, resulta una clara violación de los Derechos Humanos.
