Mientras el equipo de trabajo del nuevo letrado a cargo del caso se instala en el sur, la fiscal Silvina Ávila lleva adelante una serie de medidas para desentrañar el movimiento de los gendarmes tras el operativo.
La camioneta que trasladó al subalférez Emmanuel Echazú – el efectivo que resultó herido en el enfrentamiento con los mapuches – volvió a su punto de origen a las 5.30 del 2 de agosto, más de doce horas después del operativo.
La otra camioneta en la mira es la que, según el testigo de la comunidad mapuche Matías Santana, trasladó al propio Maldonado, algo que hasta el momento no se pudo probar, como consignó La Nación. En este contexto, el peritaje de Ávila deja abierta una puerta que parecía cerrado: Maldonado pudo haber sido detenido por gendarmes.
Por otra parte, se estudia el contenido de los discos rígidos secuestrados en los escuadrones de la Gendarmería. Sobre todo, las CPU de los oficiales vinculadas al área de inteligencia: si hubo un incidente con un manifestante, debería constar en esos archivos. El proceso incluye el peritaje sobre los teléfonos de los oficiales y entrecruzamiento de llamadas de los jefes de escuadrones.
Mientras estos procesos se llevan adelante, el nuevo juez de la causa termina de acomodar sus pertenencias en Esquel. Es que para comenzar con los trabajos el magistrado requirió cinco computadoras de escritorio, dos impresoras multifunción, tres notebooks, un scanner, cinco celulares, una cámara filmadora, dos grabadores digitales, un proyector y dos camionetas 4×4.
