“Lo único que hizo es cuestionar a Santiago, sus amigos y a la familia”, manifestó Sergio Maldonado en una carta que leyó en el escenario montado en la plaza, donde estuvo acompañado por sus familiares y referentes de organismos de derechos humanos.

El hermano del joven expresó que “a un mes de la desaparición forzada de Santiago el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería, parece que negara su propia existencia”.

“Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para esclarecer la desaparición de Santiago”, sostuvo el hermano del joven, que fue interrumpido por chiflidos y cánticos que repetían: “Que se vaya, que se vaya”.

Asimismo, manifestó que es víctima “de informaciones falsas, funcionarios que aportan dudas y confusiones” y afirmó que su familia “colaboró desde el primer momento, aportamos muestras de ADN de mis padres y mías”.

“Queremos que se investigue a todo el personal que actuó el 1ro. de agosto”, pidió Sergio Maldonado en el escenario, donde antes habló su hermano Germán y su esposa, Andrea Antico, y sostuvo que “ellos tienen que dar explicaciones. Ellos son responsables”.

En ese sentido, dijo querer “una investigación seria y responsable” y se preguntó “¿hasta cuándo tenemos que preguntar dónde está Santiago?”.

“A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad”, manifestó al finalizar la lectura de la carta.

La convocatoria fue realizada por el hermano del joven en un video que circuló ayer en redes sociales de Internet y se replicó en diferentes puntos del país, como en Rosario, Mar del Plata, El Calafate, Córdoba y Mendoza.

Entre las organizaciones de derechos humanos estuvieron la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) y la Liga por los Derechos del Hombre. Santiago Maldonado fue visto por útima vez el 1ro. de agosto en la ruta 40 de Chubut, en el marco de una protesta mapuche desalojada por Gendarmería.

La causa que investiga la desaparición del joven, de 28 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires y con última residencia en la localidad rionegrina de El Bolsón, está a cargo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y el domingo finaliza el secreto de sumario.

El magistrado, en el marco de la causa que recaratuló el viernes como “desaparición forzada” de persona tras un pedido de la fiscal federal Silvina Avila, hizo allanamientos en los destacamentos de Gendarmería de Esquel y El Bolsón.

El Gobierno cuestionó la figura de “desaparición forzada” de persona, al asegurar que no hay pruebas de la responsabilidad de Gendarmería en el hecho.

El fiscal regional de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, dijo ayer que las manchas de sangre halladas en una soga secuestrada en uno de los allanamientos a los destacamentos de la fuerza eran de un animal y afirmó que el joven también es buscado en Chile, donde Interpol reportó en un informe que no lo encontró.

Sin embargo, dirigentes mapuches, como Sergio Nahuelquir, afirmaron haber visto al joven en la protesta y aseguró que ese día “entró la Gendarmería y lo único que iba a hacer era cazar al mapuche y, en ese momento, justo ahí, se confundieron y agarraron a Santiago”.

La policía reprimió a un grupo de jóvenes que protagonizaron algunos incidentes en Plaza de Mayo, al término de la masiva marcha.

La Guardia de Infantería y personal de civil de la Policía Federal produjeron al menos siete detenciones entre los manifestantes rezagados, y según trascendió, por lo menos una mujer policía resultó herida, presuntamente al recibir un piedrazo en una pierna.

Los incidentes comenzaron luego de que jóvenes encapuchados intentaron derribar las vallas que separaron a los manifestantes de la Casa Rosada.

Los activistas, encendieron fogatas y arrojaron piedras varias horas después de terminado el acto central.

Varias decenas de efectivos de la policía antimotines avanzaron con sus escudos a lo largo de la calle Rivadavia, donde personal de civil produjo las detenciones.

Los jóvenes que protagonizaron los incidentes se concentraron luego en Avenida de Mayo y Perú, donde arrojaron piedras y botellas a la policía, que se mantenía a unos metros de distancia.

El frente del Cabildo fue literalmente cubierto con pintadas en contra del gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.