El organismo que planteó desde el primer día la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago Maldonado fue blanco de espionaje por parte de Gendarmería. Así surge del expediente en el que se adjunta legajo y fotos del vehículo de Julio Saquero, integrante de la mesa nacional de ese organismo de derechos humanos y actor clave en la causa: su denuncia constituye la primera página del expediente. “Las reglas del juego están siendo vulneradas por quienes deben protegernos. No es por victimizarme: hicieron lo mismo con Matías Santana – el testigo mapuche que señaló a Gendarmería-: lo tuvieron precintado durante las 12 horas de rastrillaje a la comunidad”, dice a lavaca Saquero. Y cuenta con detalles cómo trata la justicia a quienes aportan datos para saber qué pasó con Santiago.
Julio Saquero es integrante de la Mesa Directiva Nacional de la APDH Argentina y de la Regional Noroeste del Chubut de ese organismo, y es una persona vital en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Su testimonio abre la foja 1 del expediente penal que lleva adelante la fiscal federal Silvina Ávila con una denuncia precisa, fechada del 2 de agosto, que incluye detalles del día de la desaparición de Santiago. Saquero no sólo describió el irregular y violento operativo de Gendarmería, sino que como parte del expediente de habeas corpus detalló cuáles fueron las irregularidades en la investigación judicial. Hoy la APDH emitió un comunicado denunciando y repudiando la persecución y el espionaje a Saquero, según surge del expediente penal: “En el detalle de una de las desgrabaciones de un celular que corresponde a la Agrupación Chubut, es decir, la Gendarmería de Chubut, se da cuenta del envío de un archivo con el legajo completo de un vehículo que se corresponde con el del compañero Julio Saquero, junto con fotos de lo que parece una movilización”.
No es la primera vez que en el marco de una desaparición forzada el Estado desvía su investigación hacia las víctimas, los testigos o los integrantes de organismos de derechos humanos. Es ese el motivo, precisamente, por el cual la APDH había presentado el 25 de agosto un habeas corpus preventivo para que se declaren ilegales “todas las prácticas policiales y de Gendarmería Nacional, que persigan, hostiguen, amedrenten o vulneren en cualquier aspecto, los derechos y garantías de la comunidad mapuche como de los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los defensores de derechos humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en las causas que instruyen en éste Juzgado”.
El juez federal Guido Otranto lo rechazó.
La hora de Gendarmería y Noceti
Saquero sufrió una descompensación durante el último allanamiento en la Pu Lof, donde retuvieron con precintos a los integrantes de la comunidad, entre ellos el principal testigo de la causa, Matías Santana. Luego de varios días de reposo, Saquero se dirigió a la Fiscalía Federal para saber las novedades en el expediente de desaparición forzada. Allí se encontró con esta noticia, que cuenta en diálogo con lavaca.
-¿Qué pasó?
-Vamos con nuestro abogado para ver cómo habían avanzado las causas respecto a las escuchas de los teléfonos de los gendarmes. Son más de 200 horas de escuchas, un trabajo arduo, para analizar. El abogado me dice: “Mirá lo que encontré”. Era algo que uno supone que puede pasar, pero a uno no le había tocado todavía. El aparato tiene una lógica impecable: es un informe del 4 de agosto -mismo día que se abre la audiencia de habeas corpus en el Juzgado Federal- con datos de mi vehículo y otros personales, que dice “Agrupación Chubut”. Es Gendarmería. El mismo día en que a la audiencia de habeas se presentaba el jefe del Escuadrón de El Bolsón, estaban metiéndome y presentaban en el expediente un informe de espionaje, con fotos de alguna manifestación. Eso no viene solo: viene dentro de un cuerpo de Policía Federal y aparece en un contexto donde estaba habiendo manifestaciones en Bariloche por la liberación de Facundo Jones Huala.
-¿Dice “Policía Federal”?
-Así encabeza el cuerpo. Surge dentro de las escuchas telefónicas que van señalando estos expedientes. Y en una parte ponen “comunicaciones de la Agrupación Chubut”, y ahí aparecemos nosotros. Lo incorporaron a partir de las escuchas, pero nosotros no sabíamos de esto. Afectan así tu seguridad personal. El auto que fotografiaron es un vehículo que utiliza toda mi familia, y no es tan fácil manejar por estas rutas. Precisamente esto habíamos denunciado en el habeas corpus preventivo que rechazó el juez Otranto.
-¿Esto demuestra que no era paranoia sino prevención ante posibles actuacionesilegales?
-Exactamente. Y se sumaba con presentaciones de otras querellas en Naciones Unidas y la CIDH. Hay una medida cautelar vigente y eso quiere decir que está vigente una medida de protección para familiares y para la comunidad mapuche. Se supone que deberíamos tener esa protección cautelar, que otra vez la APDH está presentando ante Naciones Unidas. Los testigos están con temor, y si aún no se han presentado a la Justicia es porque se sienten perseguidos, tanto los integrantes de la comunidad como los amigos de Santiago de El Bolsón. Nosotros todo este tiempo hemos hecho ese trabajo de protección durante los rastrillajes, allanamientos y en cada presentación de testigos en Tribunales. No hemos tenido hasta el momento ningún tipo de cooperación desde la fiscalía o el juzgado federal. No puede ser: las reglas del juego están siendo vulneradas por quienes deben protegernos. No es para victimizarse, no es personal. Lo que siento es que no se le da importancia. Y todo este hostigamiento culmina con el principal testigo, Matías Santana, a quien en el último allanamiento lo tuvieron delante del juez y la fiscal precintado y tirado en el suelo durante 12 horas. Fue ahí que me descompensé de la indignación. Fue porque vi eso. Le dije al juez y a la fiscal que por razones humanitarias debían sacárselo, porque las manos ya estaban agarrotadas después de tantas horas. Pedí que, al menos, le pusieran las manos adelante. “No ha lugar”, me dijo la fiscal. ¿Por qué razón? Me dice: “Porque se negó a identificarse”. ¡Ya lo conocían porque había ido a declarar! Eso es hostigamiento y tortura. Y todo lo estaba presidiendo el funcionario Gonzalo Cané ( secretario del Ministerio de Seguridad de nación) que ya tendría que haber renunciado.
-¿Se comunicó el nuevo juez con ustedes?
-No aún. Sé que se ha comunicado con la familia, que era algo imprescindible. Esperamos que apenas se instale podamos mantener una relación normal con él. Esto es parte de la nueva etapa. Queremos que las reglas sean claras para todos. ¿Nos van a investigar a nosotros o a los responsables inmediatos, que señalamos desde el primer momento, que es Gendarmería y también Pablo Noceti? Hay elementos para empezar a indagarlos seriamente. Y creo que ya es momento de hacerlo.
