Gendarmería no mandó a peritar una escopeta que utilizó en la represión

La llegada a Esquel del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, en reemplazo del desacreditado Guido Otranto, tuvo tres efectos políticos: dejó huérfanos a los gendarmes de la “asesoría” argumental del funcionario Daniel Barberis; desactivó el “tutelaje” del expediente de su colega, Gonzalo Cané, y situó en zona de riesgo penal al jefe de Gabinete Pablo Noceti, cuyo cruce de llamadas –una medida clave para calibrar su responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado– fue negada con empeño por el magistrado saliente. Y ese podría ahora ser el primer paso investigativo del sucesor. Una posibilidad que inquieta de sobremanera a dicho personaje.

Tanto es así que días pasados, durante una reunión con algunos asesores en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes, los gritos de Noceti se filtraron desde su oficina al referirse a tal asunto en particular: “¡Si quieren mi celular, no se los voy a dar nunca, nunca, nunca!”. Y ya fuera de sí, agregó: “¡Lo voy a tirar contra el piso y romper en mil pedazos!”.

Apenas una muestra del clima poco distendido que actualmente flota en el Ministerio de Seguridad. De hecho, su titular, Patricia Bullrich, está otra vez –por orden presidencial– en cuarentena mediática con respecto a este caso. Y como si habitara un mundo paralelo, consignó ayer en su cuenta de Twitter: “Visitamos a Cachi, el bicicletero de Pergamino que nos recibió con mucho cariño”. Aludía así –en la peor crisis de su carrera– a un timbreo partidario en aquella ciudad bonaerense.

Cabe recordar que su último testimonio periodístico sobre lo ocurrido con Santiago fue el 22 de septiembre, tras conocerse el audio de un gendarme al decir: “Les dimos corchazos (a los mapuches) para que tengan”. Entonces ella esgrimió: “Quizás no haya sido el comentario más adecuado. Pero esa información está en la causa. Había cuatro escopetas con munición no letal. Una trabada, y tres que anduvieron”. Tal inventario coincide con el número de armas High Standart apuntado por Otranto en el expediente. ¿Acaso el doctor Gustavo Lleral ya reparó en la discordancia de aquel conteo con la realidad?

Porque en la viralizada fotografía del subalférez Emmanuel Echazú al regresar de la orilla del río Chubut con el rostro sangrante se ve con claridad que de su mano derecha cuelga una escopeta recortada Bataan calibre 12,70. Esa arma –por ser su portador uno de los sospechosos más encumbrados del caso– constituiría una prueba de gran valor. Sin embargo –según una fuente de la fiscalía–, “no aparece por ningún lado”. Y es uno de las tantas cuestiones que Otranto dejó en el limbo judicial.

Es posible que ese juez sea recordado por las futuras generaciones como el artífice del allanamiento más aparatoso de la historia policial argentina. Su irrupción del 18 de septiembre en la Pu Lof de Cushamen –con helicópteros, drones y 300 uniformados federales– tuvo por objetivo dar con “elementos de Maldonado”. En aras de tal propósito la tropa dio vuelta todas las viviendas además de rastrillar las orillas del río. Pero de él no había nada; en cambio, se llevaron varias bolsas con cosas: una mochila, un celular, una vetusta carabina y mucha ropa. “La búsqueda fue positiva”, afirmó Otranto al concluir la faena.

Las bolsas no tardaron en ser enviadas al Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHDG) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA para su análisis. Pero con una leve omisión que aún no está en conocimiento de los abogados querellantes: el material secuestrado no poseía la correspondiente cadena de custodia, según reveló a Tiempo Argentino una fuente pericial. Por lo tanto, los frutos del megaoperativo de aquel lunes tienen la misma valía que un tacho repleto de basura. Así fue la gloriosa despedida de Otranto en esta historia.

Le sobrevive su esposa, Rafaella Riccono, siempre junto a la no menos dudosa fiscal Silvina Ávila desde la secretaría letrada. Ahora su misión –en la medida de lo posible– es direccionar los pasos de ésta en salvaguarda del buen nombre y honor de su amado cónyuge.

Durante la mañana del pasado viernes llegó a esa fiscalía la información completa de los discos rígidos del área de inteligencia de los escuadrones que intervinieron en el ataque represivo del 1º de agosto en Cushamen, enviada por la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal. Un material cuyo contenido –que en estas horas comenzará a ser analizado por sus receptores– causa desvelo tanto en el Poder Ejecutivo como en la cúpula de Gendarmería, puesto que posee todos datos previos a la desaparición de Santiago.

Por ahora ya están incorporados al expediente los papers del Centro de Reunión de Información de Neuquén (Crineu) posteriores al hecho, los cuales, además, han sido profusamente reproducidos en la prensa. Y que dan cuenta del seguimiento a la familia Maldonado, del adelantamiento de allanamientos en sedes de la Gendarmería y pericias a sus vehículos, junto al espionaje a la comunidad mapuche y la enumeración de datos migratorios sobre once viajes de Santiago en los últimos tiempos, entre otros asuntos.

Dicho material fue encontrado por los peritos de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal en el celular de Fabián Méndez, a cargo del Escuadrón de El Bolsón. Dicen que éste, pese a las advertencias de que aquel aparato le sería secuestrado, lo entregó con beneplácito y hasta con un dejo de alivio. ¿Acaso fue su modo de quebrar el pacto de silencio? ¿Acaso esa fue la causa de su ulterior relevo y aislamiento?

Lo cierto es que en los partes del Crineu hay observaciones que deslizan la realización de tareas ilegales de inteligencia sobre la comunidad mapuche desde enero de este año. Y no es descabellado suponer que tal espionaje haya incluido a Santiago a partir de su llegada a El Bolsón. Una circunstancia algo embarazosa para los gendarmes a la luz de su destino.

La respuesta a ese interrogante seguramente está en esos discos rígidos. «